Los violines, los violones, el otoño y la agencia tributaria

 

Hace unos meses cometí la impertinencia de citar al amargo y decadente poeta

parisién Paul Verlaine en un artículo destinado a otra revista de derecho

tributario. Como es natural, me rechazaron el artículo e hicieron muy bien,

porque no venía a cuento. Pero me cabe la esperanza de que mi amigo Tulio

Rosembuj que es un editor un poco atípico (como yo, un tributarista muy

atípico), publique estas líneas. Los versos censurados decían así:

 

Les sanglots longs

Des violons

De l”automne

Blessent mon coeur

D”une langueur

Monotonne…

 

La verdad es que no me consta que los violines del otoño hiciesen esas cosas

en el París del siglo XIX. Probablemente, no. Verlaine, como la mayoría de

poetas, era bastante exagerado y, además, bebía mucho, sobre todo absenta,

que es fatal para el hígado.

 

Lo que sí me consta es que, en la España del siglo XXI, que se supone es un

Estado de Derecho, los violines o los violones del otoño hieren cada año más

profundamente los tiernos corazones de infinidad de contribuyentes. A

diferencia de otras especies animales, en que la época del celo coincide con la

florida primavera, a los inspectores de Hacienda el celo profesional se les

despierta en otoño.

 

Se acerca el fin del ejercicio y han de cumplir los objetivos de se señalaron a

cada unidad en cumplimiento de la Resolución de 1 de abril de 1993, por la que

se aprobó el baremo del complemento de productividad, entre cuyos objetivos

el preferente y mejor retribuido es alcanzar una determinada cuantía de deuda

tributaria. Si el objetivo no se alcanza, el inspector verá reducido su

complemento. Si se rebasa, lo verá incrementado (aunque, eso sí, según una

escala regresiva). Además, si la liquidación fuese posteriormente anulada por

los tribunales, el incentivo no se retrotrae. Santa Rita, Rita, lo que se da no se

quita. Por otra parte, el sistema es de cupo cerrado, de manera que lo que

dejen de ganar los menos productivos lo ganarán los más productivos.

 

Todos los asesores fiscales saben, que, como consecuencia de este sistema,

cada año, al llegar el otoño, se entablan carreras de velocidad para ver quien la

hace más gorda. A veces hay suerte. Se cae con un inspector que ya tiene

ampliamente cubiertos sus objetivos. Entonces, hasta se pueden obtener

rebajas por fin de temporada. Pero si el inspector tiene dificultades para cubrir

su cupo, el contribuyente ja ha begut oli.

 

Es cierto de que el contribuyente cuenta con una garantía: quien resuelve no es

el inspector actuario, que se limita a proponer en el acta la liquidación que considera pertinente; sino el inspector jefe, que adoptará una decisión

imparcial, después de tomar en consideración las alegaciones del interesado.

Pero ocurre que uno de los tramos retributivos del inspector jefe depende, a su

vez, de la cuantía de las liquidaciones que practica. Así, pues, la imparcialidad

está asegurada.

 

Dicho sea de paso que este sistema retributivo, aunque se haya sofisticado,

procede en lo esencial de la dictadura de Primo de Rivera (en la que no se

andaban con puñetas, se pagaba al inspector una participación en la

recaudación pura y dura) y permaneció durante el franquismo. El llorado

Fernández Ordóñez, que conocía el paño por haber sido cocinero antes que

fraile, intentó acabar con esta repugnante corruptela durante la etapa en que

fue ministro de Hacienda. Pero años más tarde, siendo secretario de Estado

Josep Borrell y cerebro gris de la casa el hoy presunto inocente José María

Huguet, se volvió al sistema franquista.

 

Cabe añadir que estamos ante una singularidad del rico folklore español: en

ningún país civilizado existe nada semejante. Sí hubo algo parecido en USA

hasta 1998. Pero en aquel año, como consecuencia de una investigación del

Senado provocada por denuncias de los contribuyentes y de los propios

funcionarios, se dictó una Ley, la de Reforma y Reestructuración del Servicio

de Rentas Interiores (que fue defendida personalmente por el presidente

Clinton con un duro discurso contra la Tax Agency americana), en la que se

prohibió termi nantemente incentivar a los funcionarios en virtud de las

cantidades liquidadas o recaudadas.

 

No ha sido USA el único país en el que parte de los funcionarios tuvieron la

vergüenza torera de denunciar un sistema retributivo que juzgaban

inconstitucional y que les repugnaba. En España lo ha hecho la Asociación de

Subinspectores de Tributos, que tuvo la dignidad profesional de impugnar en

vía contencioso-administrativa el baremo de incentivos de productividad,

encomendado el asunto a un abogado que suele usar las mismas iniciales que

yo. En estos momentos el tema, visto para sentencia, pende de decisión de la

Audiencia Nacional.

 

No sé lo que opinarán sobre este tema en otras regiones y nacionalidades del

Estado español. En Cataluña, creo interpretar la opinión de la mayoría diciendo

que estamos hasta el gorro (por no decirlo de manera más contundente) de la

Agencia Tributaria. Por eso, hemos experimentado un gran alivio, cuando Artur

Mas se ha decidido, ¡por fin! A reclamar un nuevo Estatuto, en que la

competencia de gestión tributaria correspondería a la Generalitat de Catalunya.

 

Paralelamente se dice que, en la próxima Ley de Acompañamiento, el cuerpo

de Inspectores de Hacienda de la Generalitat se ampliará en 200 plazas. Por

supuesto, por el momento no hem de fer volar coloms. Las cosas de palacio

van despacio. Pero no se puede mantener indefinidamente en un país – si no

es en situación de ocupación militar – una Administración que la mayoría de

ciudadanos del país percibe como extranjera y hostil. Quien dice y firma esto con su nombre lleva ocho apellidos castellanos. Soy catalán de Valladolid, pero

catalán.

 

Algo más, para terminar. Puede parecer que expreso con demasiada

vehemencia mi rabia y mi asco. Pero no puedo dejar de hacerlo así. No puedo

olvidar que en 1993 un cliente mío de la ciudad de Lleida se suicidó como

consecuencia de un acta de Inspección que le arruinaba. Dos o tres años

después el acta fue anulada por los tribunales. Pero el sujeto pasivo ya criaba

malvas. Los inspectores actuarios no dejaron de percibir sus bien ganados

incentivos. Si se me desafía a probar, con documentos y testigos, que estoy

diciendo la verdad, tendré mucho gusto en hacerlo.